Los Riesgos del “Plan C”

Demetrio Sodi

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidiera invalidar el llamado “Plan B” en materia electoral de Andrés Manuel López Obrador, sin duda los próximos meses la agenda política nacional va a girar alrededor de las propuestas de reforma constitucional que propone el presidente, para lo cual requiere ganar el 66% de los diputados y senadores en las elecciones de 2024; si no lo logra, su plan C se cae.

Las tres reformas que va a impulsar son la militarización de la guardia nacional, la reforma del Instituto Nacional Electoral y la del Poder Judicial. Las 3 cuentan, según las encuestas, con apoyo popular, pero invariablemente significan un retroceso que acabara afectando negativamente a la población.

La militarización de la guardia nacional ha demostrado en estos 4 años que no es la solución al problema de seguridad que afecta al país y que responsabilizar al ejército de la seguridad pública y de otras actividades. Lo único que ha provocado es que descuide la seguridad nacional.

El fortalecimiento de la delincuencia organizada es en parte consecuencia de que las fuerzas armadas estén dedicadas a actividades que no les corresponden y ha tenido también como consecuencia el debilitamiento de las policías estatales y municipales.

Por otro lado, tanto los ministros y jueces del poder judicial como los consejeros del INE no deben ser representantes populares porque sus decisiones estarían subordinados a intereses políticos y subordinarían la defensa de la ley a esos intereses.

Es cierto que son necesarias reformas al poder judicial y al INE, pero éstas deben buscar darles más autonomía y no subordinarlas a intereses políticos y partidistas o al control del presidente en turno.

Tanto la reforma del poder judicial como la del INE suenan muy atractivas para mucha gente porque ofrecen que la población sea la que nombre a ministros, jueces y consejeros y que se logre ahorrar importantes recursos para canalizarlos a programas sociales. Un diputado o senador es parte de un grupo político y decide cómo votar en función de los intereses del grupo, lo que no debe hacer un ministro, juez o consejero, quienes deben defender la ley por encima de los intereses del grupo que lo eligió.

En el caso de los procesos electorales es necesario reducir su costo, pero en el Poder Judicial, por el contrario, es necesario aumentar el número de jueces y ministerios públicos para acercar la justicia a la gente.

El titular del ejecutivo habla de “democratizarlas” cuando en realidad lo que sucedería es pretende limitar dichas instituciones y con ello exacerbar el poder presidencial para su beneficio de la “corcholata” que reciba la “bendición” de su líder supremo.

Lo que realmente ha buscado el presidente López Obrador es controlar al poder judicial y al INE ya que han impedido que pase por encima de la constitución y las leyes electorales.

La concentración del poder en una sola persona, especialmente en el presidente, puede tener consecuencias negativas en nuestro país. Esto se debe a que una concentración excesiva nos lleva a un abuso de poder y a erosionar los valores democráticos que sustentan a la sociedad.

Cuando el poder presidencial se concentra en una sola persona, se corre el riesgo de que se desarrolle un régimen autoritario. López Obrador y sus huestes pueden utilizar su posición para restringir las libertades civiles y políticas de los ciudadanos, limitando así la democracia y la participación ciudadana.

Por otro lado, en exceso de poder presidencial también fomentaría la corrupción. La persona en el poder puede utilizar su posición para enriquecerse a sí misma o a sus aliados, en lugar de trabajar por el bien común. Ya vimos las sospechas que recae sobre los propios hijos de López Obrador, sus hermanos, primos y algunos incondicionales.

También, cuando el poder presidencial está muy concentrado, puede ser difícil para la sociedad controlar y supervisar al presidente. Esto puede llevar a una falta de rendición de cuentas y a la impunidad, lo que a su vez puede debilitar la confianza en las instituciones democráticas.

Puede llevar a una polarización de la sociedad. Los ciudadanos pueden estar en desacuerdo con las políticas del presidente y sentir que no tienen poder para cambiarlas. Esto puede llevar a una sensación de impotencia y desesperanza, y a una mayor división en la sociedad.

Cuando el poder presidencial es excesivo, las instituciones democráticas, como el poder judicial y el legislativo, pueden verse debilitadas. Esto puede llevar a una falta de equilibrio de poderes, lo que debilita aún más la democracia.

Importante tener en cuenta los riesgos de exacerbar el poder presidencial en una democracia. La concentración excesiva de poder puede llevar a la erosión de los valores democráticos, la polarización, la corrupción y el debilitamiento de las instituciones democráticas. Para evitar estos riesgos, es fundamental mantener un equilibrio de poderes y una supervisión ciudadana activa para garantizar que las instituciones democráticas funcionen correctamente.